La ley de Derechos Humanos
The Human Rights Act

La ley de Derechos Humanos de 1998 (Human Rights Act) es una ley importante y de gran alcance que nos afecta en muchos campos diferentes de la vida. Este folleto explica qué dice la ley y cómo funciona.

¿Dónde empezó la ley de Derechos Humanos?

Las raíces de la ley de Derechos Humanos datan de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra se escribió el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (European Convention on Human Rights - llamado a menudo “the Convention”/”el Convenio”), exponiendo algunos derechos humanos importantes. En el 2000 la ley de Derechos Humanos convirtió el Convenio en parte de la ley británica.

En el Convenio los derechos se establecen de forma separada en “artículos” (“articles”). Desde que se escribió el Convenio se han ido añadiendo nuevos “protocolos” (“protocols”). La mayoría de estos protocolos tratan sobre procedimientos, pero otros añaden nuevos derechos al Convenio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se creó para estudiar los casos que presentan las personas que denuncian que sus derechos según el Convenio no han sido respetados (“violados” en términos legales). Muchas veces, este tribunal ha resuelto que el gobierno británico ha incumplido el Convenio. Estos casos han originado importantes cambios en la legislación de este país.

Llevar un caso al Tribunal de Estrasburgo lleva mucho tiempo. Casi siempre se deben tomar medidas legales primero en este país usando la ley de Derechos Humanos, antes de que pueda llevarse un caso al Tribunal de Estrasburgo. Usted puede llevar su caso al Tribunal de Estrasburgo solo si no gana aquí basándose en la ley de Derechos Humanos.

¿Cómo funciona la ley de Derechos Humanos?

No todos los derechos del Convenio y de sus protocolos forman parte de la legislación británica. En especial, el artículo 1 y el 13, y algunos de los protocolos, no están incluidos en la ley de Derechos Humanos (Human Rights Act). Los derechos que han llegado a formar parte de la legislación británica se llaman derechos del Convenio (Convention rights). Algunos de los derechos que se han quedado fuera podrían añadirse más adelante. Los derechos del Convenio son muy amplios y la ley afecta a muchas partes de la legislación. La ley de Derechos Humanos dice que, dentro de lo posible los tribunales deberían interpretar y aplicar la ley de forma que respete o se adapte a los derechos humanos del Convenio.

La ley de Derechos Humanos también establece que las autoridades públicas deben respetar los derechos del Convenio. Llamamos autoridades públicas a los diferentes Departamentos del Gobierno u a organismos oficiales, la policía, las autoridades municipales y el organismo que se encarga de las prestaciones sociales o subsidios (Benefits Agency). Algunas organizaciones son autoridades públicas unas veces, pero otras no. Por ejemplo, una empresa de seguridad se considera autoridad pública cuando trabaja para el Departamento de Prisiones, pero no cuando está desempeñando trabajos de seguridad privados.

A veces los derechos de distintas personas entran en conflicto y los tribunales tendrán que encontrar un equilibrio entre esos derechos. Por ejemplo, un defensor de los derechos de los animales podría ampararse en el derecho a la libertad de expresión (artículo 10) y a la libertad de reunión (artículo 11) para solicitar que la policía (una autoridad pública) debería permitirle manifestarse en la puerta de la casa de un científico o científica que hace experimentos con animales. Los científicos podrían basarse en el derecho a la privacidad y al hogar (artículo 8) para intentar persuadir a la policía para que evite la manifestación.

¿Qué puedo hacer si creo que mis derechos han sido violados?

Si usted piensa que la autoridad pública ha violado sus derechos del Convenio (o que va a hacerlo), puede demandarles. Usted tiene que demostrar que lo que la autoridad pública ha hecho o está a punto de hacer le está afectando.

Usted puede solicitar un procedimiento llamado “revisión judicial” si:

• quiere oponerse a una decisión tomada por un organismo público; o
• quiere que los tribunales obliguen a un organismo público a hacer algo o a dejar de hacer algo.

En la revisión judicial, un juez o jueza estudiará su caso y decidirá si la autoridad pública ha actuado ilegalmente. Usted tiene que empezar los trámites rápidamente, y lo más tardar tres meses después de la decisión o de la acción del organismo al que usted se está oponiendo. Es importante que consulte a un abogado/a pronto y hablen de la posibilidad de pedir una revisión judicial si usted cree que ha existido una violación de sus derechos, ya que una revisión judicial puede ser una forma efectiva de desafiar una decisión o una acción y es más probable que consiga asistencia legal con financiación pública (legal aid) para esto que para un caso de daños y perjuicios solamente.

Si usted solo quiere una indemnización porque sus derechos del Convenio han sido violados, puede presentar una demanda por daños y perjuicios. Tiene que presentar su caso en el plazo de un año desde que se violaron sus derechos.

Un tribunal podría otorgarle una indemnización si declara que sus derechos del Convenio han sido violados, aunque el tribunal podría decidir no otorgarle ninguna compensación si decide que el simple hecho de confirmar que sus derechos fueron violados es suficiente. La indemnización que se ha dado por violaciones de derechos del Convenio ha sido de poca cuantía.

También podría basarse en sus derechos del Convenio si usted se está defendiendo a sí mismo ante un tribunal. Esto ocurre la mayoría de las veces en un caso de Derecho penal, pero también podría ocurrir, por ejemplo, si usted:

• es inquilino/a de la vivienda social municipal (council tenant) y el Ayuntamiento está intentando desahuciarle; o
• es un inmigrante o solicitante de asilo al que quieren deportar.

¿Qué casos no cubre la ley de Derechos Humanos?

Algunas veces el tribunal no podrá hacer nada si sus derechos han sido violados. La ley de Derechos Humanos (Human Rights Act) no permite que los tribunales invaliden una ley que sale del Parlamento (Act of Parliament). Si los tribunales no pueden interpretar o aplicar una determinada ley parlamentaria de forma que respete o se adapte a los derechos del Convenio, todo lo que pueden hacer es presentar lo que se llama una “declaración de incompatibilidad” ('declaration of incompatibility'). El gobierno y el Parlamento deben entonces decidir si esa ley debe cambiarse, pero hasta que o a menos que eso tenga lugar, los tribunales tendrán que aplicar la ley como es, aunque no encaje bien con los derechos del Convenio. Los tribunales no podrán otorgarle ninguna indemnización.

Si usted se encuentra en esta situación, podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (European Court of Human Rights), ya que el Tribunal de Estrasburgo puede concederle una indemnización.

La ley de Derechos Humanos permite que una persona presente su caso solamente si éste es contra un organismo que es autoridad pública. De manera que, una persona que trabaja, por ejemplo, para la autoridad municipal o Ayuntamiento puede presentar cargos contra su empleador, pero una persona que trabaja en una empresa privada no puede.

Aún así, la ley afecta a casos judiciales entre individuos y organizaciones privadas, ya que afecta a la forma en que los tribunales interpretan y desarrollan la ley existente. Los tribunales ya están usando el artículo 8 del Convenio (el derecho al respeto a la vida privada y familiar) para elaborar una ley de privacidad que afectará a individuos privados y a las organizaciones, así como a las autoridades públicas.